Entre otros puntos destacados de esta 26ª Sesión, el Comité considerará y mantendrá diálogos iniciales con las delegaciones del Estado parte sobre el informe inicial de Jamaica, Suiza y Venezuela y los informes periódicos de Hungría y México. También considerará su proyecto de Observación General sobre el derecho al trabajo y al empleo, su proyecto de declaración conjunta CRC-CRPD sobre los derechos de los niños con discapacidad y su proyecto de directrices sobre desinstitucionalización.

 

El CERMI, en su declaración oral, se ha presentado como la plataforma unitaria de representación del movimiento social de la discapacidad española y ha comentado el ofrecimiento al Gobierno de España y al resto de Administraciones Públicas su colaboración activa para la acogida de refugiados con discapacidad que lleguen al país procedentes del conflicto bélico desatado tras la invasión rusa de Ucrania.

 

También ha resaltado, en las vísperas del Día Internacional de la Mujer, las conquistas y reivindicaciones de las mujeres en general y específicamente de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Teniendo en cuenta la realidad social y la situación objetiva de las personas con discapacidad, la atención del CERMI se concentra preferentemente en las esferas que generan más factores de exclusión para esta parte de la ciudadanía, determinando un menor grado de desarrollo personal y social y unas menores posibilidades de acceso a los derechos, bienes y servicios de la comunidad.

 

Asimismo, el Delegado ha señalado la importancia que tiene el papel del CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención, representando a la sociedad civil, para subrayar la enorme importancia que tiene la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como escudo infranqueable para evitar violaciones a los derechos de las personas con discapacidad. Existe, además, afirmó el Delegado la “insoslayable necesidad de que todos los órganos de seguimiento de tratados de derechos humanos dentro de la órbita de las Naciones Unidas estén familiarizados con los derechos de este grupo social”.

 

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Convención, muy pronto el CERMI va a presentar el informe ‘España 2021. Derechos Humanos y Discapacidad’ en el que se analiza el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en España de acuerdo con las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas.

 

En su declaración, el Delegado ha informado al Comité sobre algunas cifras relacionadas con el Informe mencionado, manifestando que “nuevamente las denuncias superan a los avances, 263 denuncias, frente a 77 avances y 76 propuestas de mejora”, un hecho evidencia que la Convención siguen sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad, siendo el artículo 9 referido a la accesibilidad el más vulnerado de la Convención.

 

Sobre la marcha de los trabajos del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en relación con la elaboración de la observación general sobre el artículo 27, derecho al empleo, de la Convención, el CERMI ha valorado positivamente la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que valida la reserva de licitaciones públicas solo a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), al desestimar el recurso interpuesto por la patronal de centros especiales de empleo de iniciativa privada.

 

Dicha resolución judicial aplica por primera vez en España la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en octubre de 2021 avaló la reserva de licitaciones públicas exclusivamente a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social establecida en la Ley de Contratos del Sector Público. La reserva de licitaciones públicas a favor de los CEEIS no se presenta como arbitraria o falta de justificación, considerando que la discriminación se fundamenta en la garantía del perfil social de las entidades y, especialmente, en la obligación de reinversión de los resultados de la actividad en la propia finalidad de integración de personas con discapacidad. Estas características inicialmente permiten prever una dedicación más intensa y una mayor eficacia de la reserva de contratos en orden a la finalidad que la justifica.

 

El CERMI también ha llamado la atención sobre la discapacidad psicosocial y en la particular exposición a la violación de sus derechos humanos que padecen la personas con problemas de salud mental, recrudecida tras la pandemia ocasionada por el coronavirus y la necesidad imperiosa de darle respuesta en términos de inclusión y bienestar.

 

Por último, el Delegado ha agradecido “al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la posibilidad de intervenir y ha deseado todo lo mejor para los trabajos de esta Vigésimo Sexta Sesión".